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SANTO DOMINGO. El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional descargó, por insuficiencia de pruebas, al ex director de Prisiones, Mario Acosta, acusado de presunta corrupción y soborno durante el ejercicio de sus funciones.
La decisión fue adoptada por los jueces Natividad Ramona Santos, presidenta, Rafael Pacheco y Arlín Ventura.
El tribunal dispuso el cese de cualquier medida de coerción que pese en contra del ex procurador general adjunto de la República.
El representante del Ministerio Público, Milcíades Guzmán, había solicitado la imposición de dos años de prisión.
Mientras que los abogados de la defensa, Napoleón Estévez Lavandier y Claudio Stephen, pidieron la absoluciónpor considerar que no cometió los hechos imputados.
Acosta fue procesado por presuntamente recibir un soborno de RD$1 millón, de manos del alegado jefe de una red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino o El Gordo.
Los jueces excluyeron el testimonio del recluso José Alexis Jiménez, quien presuntamente actuó como intermediario entre Acosta y El Chino.
El reo había admitido que supuestamente se reunió en cuatro ocasiones con el ex director de Prisiones, y que entregó el millón de pesos, de los cuales alegadamente éste devolvió RD$500,000, y produjo su traslado hacia el pabellón de extraditables de la cárcel de Najayo.
El tribunal excluyó el testimonio del presidiario, fundamentado en que el hecho no fue probado, no hubo certeza en la afirmación, y existen contradicciones. Asimismo, excluyó del proceso las interceptaciones telefónicas por considerarlas ilegales.
Por el caso, Acosta fue arrestado en agosto del 2012, y a principios de septiembre de ese año enviado a la cárcel de Najayo, con medida de coerción. Luego fue variada la prisión preventiva y dispuesta su libertad bajo fianza. Acosta manifestó su convencimiento de que era inocente de los hechos imputados, y de que la verdad se iba a reflejar en el proceso.
El contexto
El exprocurador general adjunto de la República hasta el 16 de agosto del 2012, fue acusado de presumiblemente recibir el soborno con el fin de gestionar el traslado de Cordero Martínez del Centro de Corrección de Anamuya, en Higüey, a la cárcel de La Victoria. El MP dice que por orden de un juez fueron grabadas decenas de llamadas telefónicas que supuestamente Acosta hizo a Cordero Martínez a través del recluso Jiménez, preso por homicidio.
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